Hay una vieja tentación del poder en México: confundir la voz del gobierno con la voz de la verdad.
Durante décadas, el régimen priista perfeccionó esa práctica. El presidente no sólo gobernaba: interpretaba al país. Decidía qué era progreso, qué era estabilidad, quién era responsable y quién era enemigo. Los medios, salvo excepciones admirables, aprendieron a convivir con aquella liturgia. Algunos por conveniencia, otros por necesidad, muchos por miedo.
La democracia mexicana nació, entre otras cosas, para terminar con esa relación vertical entre el poder y la verdad.
Por eso resultan inquietantes las palabras recientes de Claudia Sheinbaum.
La presidenta asegura que no pretende censurar. Pero en la misma explicación recuerda que existen instrumentos para hacerlo. Afirma respetar la libertad de expresión, pero clasifica reiteradamente a los medios entre quienes dicen la verdad y quienes “mienten”. Sostiene que no utiliza el dinero público para premiar periodistas, pero reconoce que determinadas empresas periodísticas no reciben publicidad oficial.
Es difícil no advertir la contradicción.
Más difícil todavía es aceptar que se trate de una contradicción accidental.
En el pensamiento político de Morena existe una idea que proviene directamente de Andrés Manuel López Obrador: el gobierno posee una legitimidad moral superior a la de sus críticos. No administra simplemente el Estado; representa una causa. Y quien se opone a esa causa corre siempre el riesgo de dejar de ser adversario para convertirse en enemigo.
Sheinbaum heredó esa concepción.
Quizá con menos estridencia que su antecesor. Quizá con un vocabulario más técnico. Pero el fondo permanece.
La prensa crítica, en ese universo, rara vez se equivoca de buena fe. “Miente”.
El periodista incómodo rara vez cuestiona por razones profesionales. Extraña el “chayote”.
El empresario de medios que confronta al gobierno no defiende necesariamente una posición editorial. Tiene intereses.
Así se construye un mecanismo intelectualmente cómodo y políticamente peligroso: toda crítica puede ser desacreditada sin necesidad de responderla.
La democracia, sin embargo, descansa en una premisa distinta.
El poder puede equivocarse.
También puede mentir.
Y precisamente porque puede hacerlo necesita contrapesos.
La libertad de prensa no fue concebida para proteger al periodista que el gobierno considera justo, responsable o bien informado. Existe para proteger incluso al periodista incómodo, exagerado, injusto o equivocado. Porque el derecho a decidir qué opinión merece existir no pertenece al gobernante.
Pertenece al ciudadano.
Ese principio parece elemental, pero México tardó buena parte del siglo XX en comprenderlo.
Resulta por eso preocupante escuchar a una presidenta decir, esencialmente, que podría censurar pero ha decidido no hacerlo.
No debería poder.
Ésa es la diferencia fundamental.
Las libertades democráticas no pueden descansar en la benevolencia presidencial.
Cuando un gobernante presume que posee instrumentos de coerción pero asegura que no piensa utilizarlos, no está proclamando su liberalismo. Está recordando su poder.
Y el poder, en México, tiene memoria.
También la tiene la publicidad oficial.
Durante décadas fue utilizada como mecanismo de premio y castigo. Los gobiernos financiaban a los medios complacientes y castigaban a los incómodos. Por eso una democracia madura requiere reglas transparentes, generales y verificables para distribuir esos recursos.
No basta con afirmar que ahora todo es diferente.
Menos aún cuando desde la Presidencia se admite que hay medios a los que sencillamente no se les asigna publicidad.
La pregunta inevitable es por qué.
Si la respuesta depende de la opinión política que el gobierno tenga sobre esos medios, el problema democrático es evidente.
Claudia Sheinbaum insiste con frecuencia en que muchos medios mienten.
Puede ser cierto.
Los periodistas mienten. Los empresarios mienten. Los ciudadanos mienten.
También los gobiernos.
También los presidentes.
La historia mexicana ofrece abundante evidencia.
La diferencia es que un periodista tiene una columna, una cámara o una cuenta en redes sociales.
El Estado tiene presupuesto, instituciones, fiscales, reguladores, concesiones, leyes y una tribuna presidencial transmitida diariamente.
Por eso debemos exigirle al poder una prudencia que no necesariamente exigimos al ciudadano.
Sheinbaum parece invertir esa responsabilidad.
Desde Palacio Nacional se juzga a los medios, se corrigen publicaciones, se atribuyen intenciones, se señalan supuestos intereses y se construye diariamente una versión gubernamental de la realidad.
Todo ello bajo la bandera del “derecho de réplica”.
Pero el derecho de réplica es una garantía democrática.
La descalificación sistemática es otra cosa.
El riesgo no consiste necesariamente en que mañana cierre un periódico o salga del aire una televisora.
Las democracias contemporáneas suelen deteriorarse de formas menos espectaculares.
Primero se desacredita al crítico.
Después se convierte al adversario en sospechoso.
Más tarde se normaliza que el gobierno determine quién informa correctamente.
Finalmente, una parte de la sociedad termina convencida de que la única verdad legítima es la verdad del poder.
México ya conoció esa historia.
Sería paradójico que, después de tantos años de lucha por abandonar la presidencia imperial, termináramos construyendo una nueva bajo el argumento de que ésta representa al pueblo.
Claudia Sheinbaum puede tener razón en muchas de sus críticas a los medios.
Puede haber periodistas irresponsables.
Puede haber empresas con intereses.
Puede haber campañas políticas disfrazadas de información.
Nada de eso modifica el principio esencial.
El gobierno no es árbitro de la verdad.
Una presidenta democrática debería ser la primera en comprenderlo.
Porque el verdadero peligro comienza cuando quien gobierna deja de preguntarse si puede estar equivocado.
Y empieza a convencerse de que quienes la contradicen necesariamente están mintiendo.