Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum abra la puerta al desarrollo del fracking bajo estrictas condiciones, en el sector comienza a ganar fuerza la teoría de que los obstáculos regulatorios, técnicos y económicos hacen poco probable que la explotación comercial de yacimientos no convencionales despegue durante este sexenio.
El comentario entre diversos ejecutivos es que el Gobierno no logró manejar a su consejo de asesores que habrían advertido incluso con comenzar a criticar al oficialismo si avanzaban los proyectos.
La conclusión política es la recurrente: Sheinbaum intentó pero no logró interrumpir, una vez más, una inercia proveniente del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La pelea de conceptos es intensa porque la presidenta debe resolver entre su compromiso ambielta y la, ahora tan mencionada, soberanía: el país tiene carencias en el sector eléctrico, problemas de refinaciín petrolera y dependencia del gas de los Estados Unidos, algo que el fracking podría haber atenuado.
Sheinbaum explicó este jueves que el análisis sobre el fracking continuará, luego de aceptar el dictamen del comité de especialistas, que descarta definitivamente la fracturación hidráulica en la cuenca de Tampico-Misantla.
Además, condiciona cualquier desarrollo en los otros yacimientos viables -Burgos y Sabinas-Burro-Picachos– a que exista suficiente disponibilidad de agua salada para abastecer la actividad.
Una vez determinado este punto, se deberá analizar si la tecnología disponible permite desarrollar los yacimientos sin comprometer los acuíferos ni emplear sustancias altamente tóxicas; y finalmente, realizar una consulta pública en las comunidades cercanas.
Pero el proceso previo a la explotación de campos no convencionales no termina ahí. Ramsés Pech, experto del sector, señala que el paso para evaluar pozos experimentales no será un proceso de solo dos meses, como planteó la presidenta, pues requiere una serie de infraestructura en materia del manejo del agua.
«Tiene que estar bien hecho, porque corremos el riesgo de que se utilice agua de los mantos freáticos. Se necesita una industria del control y manejo de esa agua que sale de la formación cuando se hace la fractura. «, dijo.
Además, el mercado también tendrá sus condiciones. Expertos coinciden que será indispensable la adecuación de los contratos mixtos entre Pemex y privados, pues como están diseñados actualmente no son atractivos para futuros socios de esta industria.
Por ejemplo, los contratos actuales establecen que Pemex debe quedarse con al menos 40% de los ingresos. «Un pozo no convencional exige más inversión inicial y perforación continua. Con un límite rígido, el privado no recupera su CAPEX en un horizonte razonable. En Burgos, Sabinas o Tampico-Misantla, un tope fijo no funciona», explicó Pech.
Otros factores que serán evaluados por el mercado es la certeza de movilidad a los equipos que trabajan en las Cuencas de Burgos relativos con las condiciones de inseguridad que persiste en la zona.
De igual forma, habrá atención en el marco jurídico. Según Pech, el marco reciente no cuenta con un arbitraje internacional robusto y se observan riesgos de cambios retroactivos de ley.
En este contexto, Gustavo Sánchez Lugo, experto del sector, consideró que estamos hablando de al rededo de cuatro años para iniciar producción, toda vez que todos los pasos anteriores concluyan de forma favorable para el proyecto.
Para Pech, se trata de un proyecto de seguridad energética que debe estimarse para el largo plazo, pero necesario para reducir la dependencia de gas natural de Estados Unidos, que aporta alrededor del 70% del consumo mexicano.