Hay algo profundamente preocupante en la discusión sobre la nueva regulación de los medios electrónicos en México, y no tiene que ver únicamente con tecnicismos sobre concesiones, derechos de las audiencias o responsabilidades de los comunicadores. El problema aparece cuando una regulación que debería construirse para proteger libertades y establecer reglas generales comienza a ser señalada como un instrumento diseñado para disciplinar medios específicos. Según versiones atribuidas a personas que participaron o conocieron reuniones privadas en Palacio Nacional, TV Azteca estaría entre los objetivos centrales de la estrategia impulsada desde el entorno presidencial. Si esas versiones son correctas, ya no estaríamos hablando de una reforma neutral, sino de una política pública con destinatario.
El nombre que aparece detrás de esta operación es el de Jesús Ramírez Cuevas, exvocero del presidente Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con testimonios difundidos sobre esas reuniones, Ramírez habría explicado que la nueva regulación tendría especial impacto sobre TV Azteca, una eventual operación de Fox News en México, Latinus y Atypical Te Ve. En el caso de Azteca, el mecanismo sería particularmente delicado porque se trata de una empresa que depende directamente de concesiones del Estado para operar televisión abierta y que también participa en el ecosistema de televisión de paga. Es decir, el gobierno no tendría que ordenar apagar una pantalla para generar presión: bastaría con endurecer obligaciones, multiplicar procedimientos administrativos y elevar el costo jurídico y económico de mantener una línea editorial incómoda.
Ese es precisamente el punto que vuelve especialmente grave el caso de TV Azteca. Una democracia no necesita que el gobierno cierre un canal para que exista censura. La censura moderna puede ser mucho más sofisticada. Puede presentarse como regulación, supervisión, defensa de derechos, sanciones administrativas o nuevas obligaciones para los concesionarios. Cada una de esas figuras puede ser legítima por separado; el problema comienza cuando se utilizan selectivamente contra quienes incomodan al poder. Si el mensaje hacia una televisora termina siendo que criticar al gobierno puede traducirse en multas, procedimientos, investigaciones o problemas relacionados con su concesión, entonces el incentivo para moderar contenidos aparece aunque nadie pronuncie formalmente la palabra censura.
TV Azteca, además, representa un caso particularmente incómodo para el oficialismo porque durante los últimos años ha mantenido espacios donde se cuestionan decisiones del gobierno federal y se amplifican voces críticas de Morena. Se puede estar de acuerdo o no con su cobertura, con sus conductores, con sus propietarios o incluso con muchas de sus posiciones editoriales. Eso resulta irrelevante para el problema de fondo. La libertad de expresión existe precisamente para proteger aquello que incomoda al poder, no solamente aquello que el gobierno considera responsable, equilibrado o conveniente. Un gobierno democrático tiene derecho a responder a sus críticos, exhibir errores periodísticos y exigir que las empresas cumplan la ley; lo que no debería hacer es diseñar la ley para modificar la conducta editorial de quienes lo cuestionan.
Las versiones sobre las reuniones privadas describen además una arquitectura que merece especial atención. La propuesta buscaría trasladar parte de la responsabilidad económica directamente hacia periodistas y conductores, permitiendo que los propios medios argumenten que cada comunicador responde individualmente por sus expresiones. En apariencia, podría parecer una manera de deslindar responsabilidades corporativas. En la práctica, podría producir exactamente el efecto contrario: periodistas enfrentándose solos a sanciones capaces de comprometer su patrimonio, mientras las empresas comienzan a calcular cuánto les cuesta mantener al aire determinadas voces. No es difícil imaginar cuál sería el resultado. Antes de despedir a un conductor incómodo, bastaría con recordarle que la próxima opinión puede convertirse en una multa.
Para TV Azteca el riesgo sería doble. Por un lado estaría la presión sobre la empresa como concesionaria; por otro, la presión individual sobre quienes participan en sus espacios informativos. Esa combinación puede generar un mecanismo de autocensura extraordinariamente eficiente porque transforma la crítica política en un riesgo empresarial y personal. No hace falta llamar desde Palacio Nacional para pedir que alguien deje de aparecer en televisión. Basta construir un entorno regulatorio donde tener periodistas incómodos resulte cada vez más caro.
También causa inquietud el papel que podrían adquirir los llamados defensores de las audiencias. Estas figuras pueden desempeñar una función valiosa cuando cuentan con independencia real y reglas claras. Pero, de acuerdo con lo relatado por las fuentes que atribuyen a Ramírez la conducción de esta reforma, existiría interés en intervenir incluso en la definición de quién ocupa esos puestos. Si el gobierno tiene capacidad de influencia sobre quien recibe, procesa o canaliza quejas relacionadas con los contenidos de una televisora, el defensor deja de funcionar como contrapeso y corre el riesgo de convertirse en una extensión indirecta del regulador. Y cuando el regulador responde al mismo poder político que es objeto cotidiano de la crítica periodística, el conflicto de interés resulta evidente.
Lo más revelador no sería siquiera la existencia de una nueva regulación, sino la presunta manera en que algunos de sus impulsores estarían hablando de ella frente a empresarios, especialistas y periodistas cercanos: como algo inevitable. La idea de que “va a suceder”, independientemente de las objeciones de la industria, refleja una concepción equivocada sobre el papel del Estado frente a los medios. Las reglas de comunicación no deberían redactarse como una advertencia dirigida a quienes tienen una línea editorial incómoda, sino mediante criterios generales, transparentes y sometidos a escrutinio público. Si desde el proceso de elaboración existen nombres propios sobre la mesa, entonces la regulación nace contaminada.
La historia mexicana ofrece demasiados ejemplos de gobiernos que descubrieron maneras administrativas de mantener bajo control a los medios sin necesidad de prohibirlos abiertamente. Durante décadas, la relación entre poder político y concesiones fue precisamente una de las herramientas más eficaces para domesticar a la televisión. Por eso resulta paradójico que un movimiento político que durante años denunció esa relación pueda terminar reproduciendo una lógica semejante. Cambian los protagonistas, cambia el discurso y cambian los instrumentos jurídicos, pero el principio sería peligrosamente familiar: el gobierno conserva la capacidad de premiar a los medios cómodos y elevar el costo de ser incómodo.
En ese contexto, convertir a TV Azteca en adversario político sería un error institucional mucho mayor que cualquier pleito entre el gobierno y Ricardo Salinas Pliego. Una cosa son las diferencias fiscales, empresariales o personales que el Estado pueda tener con el propietario de una televisora y otra completamente distinta utilizar la regulación de medios como una prolongación de esas disputas. Las concesiones pertenecen al Estado mexicano, no al partido gobernante, y su regulación debería responder al interés público, no a la conveniencia política de quien ocupa temporalmente Palacio Nacional.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad sencilla para desmontar estas sospechas: transparentar el proceso, publicar las propuestas que se discuten, explicar quién participa en su redacción y establecer garantías explícitas de que las nuevas disposiciones no podrán utilizarse para castigar líneas editoriales, periodistas o empresas determinadas. Lo contrario sólo reforzará la percepción de que detrás del discurso sobre los derechos de las audiencias existe otro propósito: elevar el precio de la crítica.
Porque ahí está realmente la discusión. No se trata de defender a TV Azteca como empresa ni de declarar impecable su periodismo. Se trata de defender un principio mucho más importante: ningún gobierno debería tener la capacidad de decidir cuánto puede costarle a un medio cuestionarlo. Cuando la crítica comienza a tener tarifa administrativa, cuando una opinión puede convertirse en amenaza económica y cuando una concesión se vuelve una herramienta de presión política, la libertad de expresión puede seguir existiendo en la Constitución mientras empieza a desaparecer en la práctica.
Si durante el sexenio de López Obrador la estrategia frente al periodismo crítico consistió muchas veces en desacreditar públicamente a periodistas y medios, el riesgo ahora es que ese enfrentamiento adquiera instrumentos regulatorios. Para TV Azteca, ésa podría ser la diferencia entre recibir ataques desde una conferencia presidencial y enfrentar un aparato jurídico diseñado para incrementar el costo de desafiar al poder. Y si eso ocurre, la pregunta ya no será si el gobierno está regulando a los medios, sino algo bastante más incómodo: si está aprendiendo a castigarlos sin necesidad de censurarlos oficialmente.