Documentos oficiales confirman que en 2019 se financiaron con recursos públicos investigaciones sobre democracia, cultura política y redes sociodigitales encabezadas por John Ackerman. Sin embargo, una acusación difundida desde 2024 va mucho más lejos: sostiene que parte de aquella estructura habría servido para reclutar operadores digitales favorables al obradorismo. Hasta ahora, esa última afirmación no está demostrada por los documentos públicos consultados.
Una serie de publicaciones difundidas nuevamente en redes sociales puso bajo la lupa un proyecto financiado por el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como el posible funcionamiento de una estructura digital de apoyo político conocida como “RedAMLO”.
El punto de partida es un hecho comprobable: existió el proyecto número 299452, denominado “Democracia, culturas políticas y redes socio-digitales en México en una era de transformación social”, desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México y vinculado a los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt. Diversos documentos producidos posteriormente por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM identifican expresamente ese número de proyecto y reconocen el financiamiento de Conacyt.
La documentación difundida en solicitudes de transparencia identifica a John M. Ackerman Rose como responsable técnico del proyecto y señala un monto autorizado de 5 millones 817 mil 494 pesos. El proyecto no permaneció únicamente sobre el papel: de él surgieron trabajos sobre cultura política, democracia digital, plataformas sociodigitales y estudios relacionados con organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Entre sus productos se encuentra, por ejemplo, un documento del PUEDJS sobre un “Índice de democracia digital” que estudió el funcionamiento de plataformas, la pluralidad, la apertura y la participación política en internet. El propio texto señala que fue elaborado dentro del proyecto 299452 financiado por Pronaces-Conacyt.
El caso, sin embargo, adquirió una dimensión completamente distinta en mayo de 2024.
El supuesto testimonio de un integrante de la “RedAMLO”
Un usuario anónimo de Reddit afirmó haber sido coordinador de una estructura denominada “RedAMLO” y aseguró que había recibido un cargo administrativo en 2019 mientras participaba en operaciones políticas en redes sociales.
Según su versión, distintas oficinas y servidores públicos habrían tenido cuotas de publicaciones, interacciones y difusión de contenidos favorables al gobierno de López Obrador. También afirmó que existían personas dedicadas de tiempo completo a operar cuentas en X —entonces Twitter—, Facebook, Reddit y posteriormente TikTok.
El testimonio llegó todavía más lejos: sostuvo que los casi seis millones de pesos asignados por Conacyt al proyecto 299452 se habrían utilizado para “reclutar gente” destinada a esa operación digital y afirmó que quienes realizaban esas tareas eran denominados “sujetos de apoyo”. La publicación original continúa disponible en Reddit y fue retomada por distintos portales en 2024.
Aquí aparece una distinción fundamental.
Los documentos oficiales sí acreditan el proyecto, su temática, el financiamiento público y su relación con la UNAM y Conacyt. Lo que no acreditan por sí mismos es que esos recursos fueran utilizados para contratar “bots” o financiar propaganda política.
En los convenios de fondos de Conacyt, la expresión “sujeto de apoyo” tiene un significado administrativo: normalmente identifica a la institución beneficiaria que recibe los recursos para desarrollar un proyecto. En convenios públicos del propio Fondo Institucional del Conacyt, por ejemplo, universidades aparecen formalmente denominadas como “Sujeto de Apoyo”, sin que el término se refiera a operadores políticos o usuarios de redes sociales.
Por ello, equiparar automáticamente “sujeto de apoyo” con “bot” constituye una interpretación que los documentos oficiales disponibles no permiten sostener.
Un documento atribuido a Jesús Ramírez Cuevas
Las publicaciones recientes también muestran una imagen de un supuesto oficio fechado el 4 de septiembre de 2019, atribuido a Jesús Ramírez Cuevas, entonces coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia.
El texto de la imagen asegura que se autorizaba la canalización de recursos para seleccionar “sujetos de apoyo” con capacidad para “influir en la opinión pública” mediante Facebook, Twitter, Instagram y Reddit.
De confirmarse su autenticidad, ese documento sería considerablemente más delicado que el convenio académico, porque establecería un vínculo explícito entre recursos públicos, comunicación gubernamental e intervención política en redes sociales.
Pero durante esta revisión no fue posible localizar ese oficio en un repositorio oficial de Presidencia, Conacyt o UNAM que permita autenticarlo de manera independiente. Las búsquedas sí conducen al convenio real del proyecto 299452 y a múltiples trabajos académicos derivados de éste, pero no al documento atribuido a Ramírez Cuevas con esa redacción.
Esto obliga a separar los hechos comprobados de las acusaciones todavía no verificadas.
La “RedAMLO” sí había sido detectada años antes
La controversia tampoco surge en un vacío.
Desde principios de 2019, investigadores de Signa_Lab del ITESO documentaron una red organizada alrededor de etiquetas como #RedAMLOVE, #NoSoyBotSoyReal y otras tendencias favorables a López Obrador. El laboratorio analizó decenas de miles de publicaciones y encontró patrones de articulación entre cuentas y campañas de confrontación contra voces críticas.
Signa_Lab identificó posteriormente tendencias pro-AMLO que presentaban patrones de activación coordinada. Sus investigadores advirtieron que no necesariamente todas las cuentas involucradas eran automatizadas: podían coexistir usuarios auténticos, amplificadores, cuentas extremadamente activas y operadores organizados.
En otra investigación sobre ataques digitales, el laboratorio fue todavía más preciso al señalar que el problema no debía reducirse a “bots”, pues existían evidencias de comportamiento coordinado organizado fuera de las propias plataformas para posicionar temas, descalificar y atacar personas.
Es decir, existe evidencia académica independiente de que durante el gobierno de López Obrador operaron redes digitales coordinadas favorables al presidente. Lo que todavía falta demostrar es quién las financiaba, quién daba las instrucciones y si existió una relación directa entre esas operaciones y los recursos del proyecto 299452.
Jesús Ramírez y el aparato de comunicación presidencial
Jesús Ramírez Cuevas fue precisamente el funcionario encargado de la estrategia de comunicación de López Obrador durante todo su sexenio. Presidencia lo identificaba oficialmente como coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República.
Desde su nombramiento en 2018 quedó además bajo su ámbito la relación con medios tradicionales y con las nuevas formas de comunicación en redes sociales.
Actualmente Ramírez continúa dentro del círculo presidencial como coordinador de asesores de la Presidencia bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Precisamente por esa posición, las acusaciones sobre una eventual estructura gubernamental de propaganda digital requieren una aclaración documental completa y no solamente intercambios políticos en redes sociales.
Lo que está probado y lo que sigue sin probarse
La investigación documental permite establecer varias cosas con claridad.
Está probado que Conacyt destinó 5.8 millones de pesos a un proyecto encabezado técnicamente por John Ackerman sobre democracia, cultura política y redes sociodigitales; que el proyecto llevaba el número 299452; que fue desarrollado dentro de la UNAM y que produjo investigaciones académicas durante varios años.
También está documentada la existencia, desde 2019, de redes digitales altamente coordinadas favorables al obradorismo que participaron en la conversación política y en campañas contra críticos del entonces presidente.
Lo que no está demostrado con los documentos públicos localizados es que los 5.8 millones de pesos del proyecto 299452 hayan sido destinados al pago de bots, que John Ackerman haya administrado una red de propaganda gubernamental o que Jesús Ramírez Cuevas haya ordenado utilizar esos recursos para operar cuentas políticas.
El testimonio del supuesto excoordinador de la “RedAMLO” constituye una acusación que merece ser investigada, pero sigue siendo un relato anónimo. Y el oficio mostrado como evidencia requiere una autenticación independiente antes de presentarse como documento oficial.
La interrogante de fondo, por tanto, permanece abierta: si existieron estructuras coordinadas de defensa política del gobierno en redes —como diferentes investigaciones han documentado—, ¿quién las organizó y con qué recursos fueron financiadas?
Responderla requeriría conocer nóminas, contratos, transferencias, informes financieros del proyecto, comprobantes de gasto y comunicaciones internas de las oficinas señaladas. Hasta que aparezca esa documentación, convertir una sospecha en una conclusión sólo debilitaría una investigación que, precisamente por la naturaleza de las acusaciones, exige pruebas mucho más sólidas.