Claudia Sheinbaum necesitó 7,237 palabras para presentar su Segundo Informe de Gobierno. Le alcanzó para presumir cifras, defender su administración, reivindicar el proyecto de Morena y construir el relato de un país que avanza bajo su conducción.
Para lo que no encontró una sola palabra fue para hablar de corrupción.
Ni una vez.
La omisión sería anecdótica si no ocurriera precisamente cuando la corrupción vuelve a colocarse entre las principales preocupaciones de los mexicanos, cuando los escándalos comienzan a cercar al partido gobernante y cuando investigaciones sobre huachicol fiscal, evasión multimillonaria y redes empresariales vinculadas con personajes y estructuras del poder obligarían, como mínimo, a una explicación presidencial.
Pero Sheinbaum eligió el silencio.
Y cuando el poder decide dejar de pronunciar el nombre de aquello que prometió combatir, el silencio deja de parecer descuido y empieza a parecer estrategia.
Durante años, Morena convirtió la corrupción en una de sus principales armas políticas. Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su legitimidad denunciando a una supuesta élite corrupta, acusando a gobiernos anteriores y prometiendo desterrar para siempre las prácticas que, según él, habían saqueado al país.
Ahora que las sospechas, investigaciones y cuestionamientos ya no apuntan solamente hacia los adversarios de Morena, sino también hacia episodios ocurridos durante sus propios gobiernos, la palabra empieza misteriosamente a desaparecer.
La transformación discursiva es brutal.
Durante su sexenio, López Obrador mencionaba “corrupción” un promedio de 6.36 veces por conferencia mañanera. Claudia Sheinbaum lo hace apenas 1.5 veces.
Una caída de 76%.
En los informes presidenciales ocurrió algo todavía más revelador. Entre 2019 y 2024, López Obrador utilizó la palabra corrupción un promedio de ocho veces por informe. Sheinbaum la mencionó ocho veces en su primer informe de 2025.
En su Segundo Informe de 2026: cero.
No disminuyó la corrupción.
Disminuyó la disposición presidencial a hablar de ella.
Cuando Morena denunciaba la corrupción, servía; cuando las preguntas llegan a Morena, desaparece
Durante años la narrativa oficial fue sencilla: la corrupción pertenecía al pasado.
Era el PRI.
Era el PAN.
Eran los neoliberales.
Eran “los de antes”.
Cada escándalo encontraba rápidamente un culpable fuera del movimiento. Cada denuncia servía para justificar la superioridad moral de la autodenominada Cuarta Transformación.
Pero gobernar durante ocho años tiene una consecuencia inevitable: tarde o temprano ya no queda suficiente pasado al cual culpar.
Y entonces comienzan las preguntas incómodas.
¿Qué ocurre cuando las irregularidades fueron detectadas durante gobiernos de Morena?
¿Qué pasa cuando los contratos cuestionados fueron entregados bajo administraciones de la 4T?
¿Qué sucede cuando las redes investigadas operaron mientras López Obrador gobernaba?
¿Qué hace la presidenta cuando las investigaciones ya no permiten reducir todo a “la corrupción de los gobiernos anteriores”?
La respuesta de Sheinbaum, al menos discursivamente, parece ser cada vez más evidente:
hablar menos del asunto.
La bandera anticorrupción que llevó a Morena al poder corre el riesgo de convertirse en una palabra prohibida precisamente ahora que podría volverse contra quienes la utilizaron durante años como instrumento de legitimación política.
La corrupción preocupa a los mexicanos. A la presidenta, aparentemente, no lo suficiente para mencionarla
El problema no ha desaparecido para la ciudadanía.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental reportó que 58.9% de los mexicanos considera a la corrupción como uno de los principales problemas de sus comunidades, únicamente detrás de la inseguridad y la delincuencia.
Es decir: mientras millones de mexicanos perciben la corrupción como una preocupación creciente, la Presidencia prácticamente la elimina de su vocabulario.
El contraste es todavía más grave cuando se observa la evaluación ciudadana sobre el desempeño gubernamental.
Sólo 14% considera que la política anticorrupción marcha bien o muy bien.
Eso significa que el gobierno enfrenta una profunda crisis de credibilidad en uno de los temas que durante años Morena presumió como fundamento moral de su proyecto.
Y frente a ese fracaso, Sheinbaum no presentó en su informe una gran ofensiva institucional.
No ofreció una explicación exhaustiva.
No convirtió el combate a la corrupción en uno de los ejes de su mensaje.
Simplemente dejó de pronunciar la palabra.
No parece la conducta de un gobierno dispuesto a enfrentar un problema.
Parece la de un gobierno que preferiría que el problema dejara de formar parte de la conversación.
Marlaya: 29 mil millones de pesos y ni una palabra desde Palacio Nacional
El silencio resulta todavía más difícil de justificar frente al caso de Marlaya S.A. de C.V.
De acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, esta empresa habría evadido al menos 29 mil millones de pesos dentro de una estructura relacionada con el contrabando y comercialización ilegal de combustibles.
La dimensión del monto obliga a detenerse.
Son 29 mil millones de pesos.
Más del doble del desfalco detectado en Segalmex.
Cuatro veces el monto asociado con La Estafa Maestra.
Una cantidad suficiente para convertir el expediente en uno de los mayores escándalos fiscales documentados en años recientes.
Y, sin embargo, Marlaya parece no existir en el vocabulario presidencial.
López Obrador nunca la mencionó públicamente en sus conferencias.
Claudia Sheinbaum tampoco.
Ni una sola vez.
El gobierno puede pronunciar cientos de veces la palabra “huachicol”. Puede presumir decomisos, detenciones y operativos.
Pero cuando aparece un caso que podría obligar a explicar cómo fue posible una evasión de semejante magnitud, quién permitió que ocurriera, durante cuánto tiempo operó la estructura y qué responsabilidades institucionales existieron, el entusiasmo presidencial desaparece.
Ese silencio resulta especialmente inquietante porque las irregularidades relacionadas con la empresa comenzaron a detectarse desde 2021.
No bajo Calderón.
No bajo Peña Nieto.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ahí comienza el verdadero problema político para Morena.
El huachicol que sí se menciona y el huachicol del que nadie quiere hablar
Los gobiernos de Morena han hablado extensamente del huachicol.
López Obrador utilizó el término cientos de veces. Claudia Sheinbaum también lo ha incorporado repetidamente a su discurso.
Pero una cosa es hablar del huachicol como enemigo abstracto y otra muy distinta explicar las redes económicas, empresariales y políticas que permitieron operar negocios multimillonarios durante años.
Ahí termina la propaganda y comienza la rendición de cuentas.
Y es precisamente en esa frontera donde el discurso oficial se vuelve extraordinariamente cauteloso.
Las investigaciones citadas han señalado conexiones que alcanzan al huachicol fiscal, estructuras relacionadas con el crimen organizado, el rancho Izaguirre e incluso contratos relacionados con obras militares del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Cada una de esas líneas merece respuestas.
No insinuaciones.
No discursos.
No consignas.
Respuestas.
¿Quién permitió las operaciones?
¿Quién supervisaba?
¿Qué autoridades detectaron las irregularidades?
¿Qué funcionarios conocían los hechos?
¿Qué empresas participaron?
¿Qué contratos públicos recibieron?
¿Qué consecuencias administrativas, fiscales o penales existen?
Y, sobre todo, ¿por qué el gobierno que durante años sostuvo que combatir la corrupción era su principal diferencia moral frente al pasado evita colocar estos casos en el centro de la discusión presidencial?
La superioridad moral de Morena enfrenta su prueba más incómoda
Morena llegó al poder prometiendo que no sería como los demás.
No prometió simplemente administrar mejor.
Prometió una transformación moral.
López Obrador aseguró que al terminar con la corrupción en las altas esferas ésta desaparecería progresivamente del resto del aparato público. La honestidad, decía el movimiento, comenzaría desde arriba.
Ocho años después, esa promesa enfrenta una contradicción devastadora.
Cuando los escándalos pertenecían a otros partidos, Morena exigía investigaciones, denunciaba complicidades y convertía cada expediente en prueba de la podredumbre del antiguo régimen.
Ahora que las preguntas alcanzan episodios ocurridos durante los gobiernos de la propia Cuarta Transformación, la reacción ya no parece ser la misma.
La corrupción deja de ocupar discursos.
Los nombres desaparecen.
Los casos incómodos rara vez llegan voluntariamente a Palacio Nacional.
Y la presidenta presenta un informe de más de siete mil palabras sin dedicar una sola a uno de los problemas que más preocupan al país.
Eso no demuestra que Claudia Sheinbaum sea responsable de los casos mencionados.
Pero sí revela algo políticamente grave: la Presidencia ha reducido dramáticamente la centralidad de la lucha anticorrupción justo cuando el escrutinio comienza a dirigirse hacia el propio movimiento gobernante.
El silencio también es una decisión política
Una presidenta decide qué coloca en la agenda nacional.
Decide qué problemas reconoce.
Decide qué asuntos denuncia.
Decide qué casos exige investigar.
Y también decide cuáles evita mencionar.
Por eso resulta imposible observar la desaparición de la palabra corrupción del discurso presidencial como una simple casualidad estadística.
Sheinbaum heredó un movimiento que convirtió la honestidad en bandera, la superioridad moral en propaganda y la corrupción de los adversarios en combustible electoral.
Ahora tiene frente a sí una prueba mucho más difícil que denunciar a Peña Nieto, Calderón o los gobiernos priistas del pasado:
investigar con la misma severidad lo ocurrido bajo gobiernos de Morena.
Sin excepciones.
Sin protección política.
Sin nombres intocables.
Sin recurrir al silencio cuando los expedientes resultan incómodos.
Porque una transformación que sólo combate la corrupción cuando pertenece al adversario no es una transformación.
Es impunidad con propaganda.
Y si Claudia Sheinbaum pretende conservar alguna credibilidad en esta materia, tendrá que hacer algo bastante más difícil que repetir que su gobierno es diferente.
Tendrá que demostrarlo precisamente en los casos que Morena preferiría no discutir.
Mientras eso no ocurra, cada vez que Palacio Nacional deje de pronunciar la palabra corrupción quedará flotando una pregunta inevitable:
¿la corrupción dejó de ser prioridad porque disminuyó, o porque comenzó a acercarse demasiado al poder?