La trayectoria de Ulises Lara vuelve a quedar bajo cuestionamiento. El exfuncionario de la Fiscalía General de la República y extitular interino de la Fiscalía de la Ciudad de México fue señalado por su media hermana, Hilda Lara Guadián, de presuntamente utilizar su influencia dentro de la institución capitalina para impulsar un proceso penal relacionado con una disputa por la casa de su padre.
Hilda Lara y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, sostienen que la ofensiva judicial comenzó mientras Ulises Lara ocupaba cargos de influencia en la Fiscalía capitalina. Según su versión, fueron acusados de despojo agravado pese a que la propiedad había sido adquirida mediante una compraventa formalizada ante notario en 2013 por 2.1 millones de pesos.
El expediente incluye elementos que respaldarían la existencia de aquella operación. La madre de Hilda declaró ante la Policía de Investigación que ella y su esposo acudieron personalmente al notario para concretar la venta, mientras que un peritaje en grafoscopía concluyó que Carlos Lara sí firmó el instrumento notarial correspondiente.
Pese a ello, el conflicto escaló hasta el terreno penal.
La familia denunció ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía capitalina un posible abuso de poder, conflicto de interés y tráfico de influencias. Sin embargo, el expediente fue archivado en julio de 2024 al considerar la autoridad que no existían elementos suficientes para acreditar faltas administrativas. Para entonces, Ulises Lara ya encabezaba la propia Fiscalía de la Ciudad de México.
La disputa tuvo después un giro relevante en tribunales federales. Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado determinaron que, cuando se presentó la denuncia penal, los delitos imputados ya habían prescrito. Las resoluciones obligaron a dejar sin efecto las vinculaciones a proceso de Hilda Lara y su esposo.
Además, otro fallo federal ordenó levantar el aseguramiento de la vivienda, al considerar que la medida había contravenido el principio constitucional de exacta aplicación de la ley penal. La familia asegura que había sido desalojada desde 2023 y que no pudo regresar al inmueble.
Pero el caso no terminó ahí.
Grace Montserrat Díaz Gutiérrez, trabajadora de la Fiscalía capitalina y representante jurídica del padre de Ulises e Hilda, impugnó las resoluciones favorables al matrimonio. De acuerdo con la defensa de Hilda, Díaz Gutiérrez fue subordinada de Ulises Lara cuando éste encabezó la institución, un elemento que alimenta los señalamientos sobre un posible conflicto de interés.
El propio padre de ambos tampoco se ha presentado personalmente ante las autoridades durante el proceso, de acuerdo con la información publicada. Según Hilda, su padre le habría dicho que desconoce los detalles de los juicios y que quien se hace cargo de esos asuntos es Ulises.
Ulises Lara rechaza tajantemente las acusaciones. Sostiene que nunca intervino en el litigio, recuerda que la investigación interna de la Fiscalía no encontró responsabilidades en su contra y asegura que las impugnaciones promovidas por la institución forman parte de su estrategia jurídica ordinaria.
El señalamiento, sin embargo, adquiere una dimensión política por la posición que Lara ocupó dentro de las instituciones de procuración de justicia. Fue cercano a Ernestina Godoy, encabezó temporalmente la Fiscalía capitalina y posteriormente ascendió dentro de la FGR hasta convertirse en titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y uno de los principales funcionarios de la institución.
Su paso por esos cargos ya había estado acompañado de polémicas, desde las dudas sobre los requisitos profesionales con los que asumió temporalmente la Fiscalía capitalina hasta su intervención para impedir la detención del exgobernador Javier Corral en 2024.
Ahora, la acusación de su propia hermana coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: si las instituciones encargadas de procurar justicia pudieron haber sido utilizadas dentro de un conflicto estrictamente familiar.
Hasta ahora, esa acusación no ha sido acreditada judicialmente contra Ulises Lara. Pero las resoluciones federales favorables a Hilda Lara y su esposo, las irregularidades denunciadas durante el proceso y la participación de personal subordinado al exfiscal mantienen abierto un caso que golpea directamente la imagen de quien llegó a ocupar algunas de las posiciones más sensibles del aparato de justicia mexicano.