En un país donde la autoridad fiscal ha perfeccionado la paciencia forzada del contribuyente, cualquier excepción en los tiempos del Estado no pasa desapercibida. Menos aún cuando esa excepción apunta en dirección ideológica.

La reciente polémica sobre la presunta rapidez con la que el Servicio de Administración Tributaria habría autorizado el registro de una asociación civil vinculada al envío de donativos a Cuba no es, en esencia, un caso aislado. Es un síntoma.

Mientras miles de contribuyentes enfrentan procesos prolongados para obtener devoluciones, corregir inconsistencias o simplemente completar trámites básicos, emerge un caso donde —según los señalamientos— el engranaje institucional opera con una eficiencia poco común. La pregunta no es menor: ¿qué determina la velocidad del Estado?

La asociación en cuestión, Humanidad con América Latina, habría logrado en cuestión de días lo que para otros puede tomar meses: registro fiscal, apertura de cuenta en Banorte y habilitación para recibir recursos. Todo ello en un contexto donde el destino de los fondos —Cuba— no es políticamente neutro, sino profundamente simbólico para el actual bloque en el poder.

Aquí es donde la discusión deja de ser administrativa y se vuelve política.

No se trata únicamente de si el procedimiento fue legal —que debería ser el mínimo exigible—, sino de si fue consistente con el trato que recibe el ciudadano promedio. La discrecionalidad en la operación del Estado es, en los hechos, una forma de privilegio.

Y el privilegio, cuando proviene del aparato fiscal, erosiona la legitimidad institucional.

El silencio del SAT frente a estos señalamientos no ayuda. En un entorno donde la autoridad exige trazabilidad absoluta a los contribuyentes, la opacidad en sus propios procesos resulta, cuando menos, contradictoria. La transparencia no puede ser una obligación unilateral.

Más aún, la internacionalización del tema —con menciones a actores políticos en Estados Unidos— anticipa un riesgo adicional: que una narrativa de uso político del sistema fiscal mexicano trascienda fronteras. En un contexto global de vigilancia sobre flujos financieros, esto no es menor.

El fondo del asunto es claro: el problema no es que el Estado sea eficiente, sino que lo sea selectivamente.

Porque cuando la rapidez depende del destino del dinero, y no del cumplimiento de la ley, deja de ser eficiencia. Se convierte en criterio político.

Y eso, en cualquier sistema democrático, debería encender alarmas.