Morena vuelve a colocar bajo sospecha la libertad de expresión en México. Esta vez no lo hace mediante una prohibición abierta ni con una ley que lleve la palabra “censura” en el título. Lo hace bajo una fórmula mucho más conveniente para el poder: “proteger a las audiencias”.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano, aprobó someter a consulta pública los nuevos lineamientos sobre los derechos de quienes consumen contenidos en radio y televisión. La propuesta se presenta como un mecanismo para garantizar información veraz, plural y oportuna. Sin embargo, detrás de ese lenguaje aparentemente incuestionable aparecen facultades, obligaciones y sanciones que podrían convertirse en instrumentos de presión contra los medios críticos.
El problema no es reconocer derechos a las audiencias. El problema es entregar al Gobierno la capacidad de interpretar cuándo un contenido es “veraz”, cuándo una opinión está suficientemente diferenciada de una noticia y cuándo un medio ha incumplido los criterios fijados por la autoridad.
¿Quién decide qué es verdad?
La palabra “veracidad” puede sonar razonable, pero en manos de un organismo vinculado al Ejecutivo se convierte en una amenaza.
En el periodismo, la verdad no siempre aparece en un comunicado oficial. Muchas investigaciones comienzan con filtraciones, testimonios reservados, documentos incompletos o denuncias que el Gobierno niega. Con el paso del tiempo, los hechos pueden confirmarse. Pero ¿qué ocurrirá si, antes de eso, una autoridad decide que el medio no tenía elementos suficientes para publicar?
La pregunta central es inevitable: ¿quién determinará qué información es verdadera y cuál merece una sanción?
Un Gobierno que constantemente descalifica a periodistas, columnistas y medios críticos no debería tener herramientas para vigilar la “veracidad” de sus contenidos. Mucho menos cuando esa vigilancia puede derivar en procedimientos administrativos, multas o suspensión de transmisiones.
De la regulación a la intimidación
Los nuevos lineamientos no deben analizarse como un documento aislado. Forman parte de un sistema en el que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puede supervisar a concesionarios, revisar el cumplimiento de códigos de ética, intervenir en los mecanismos de defensa de las audiencias y aplicar sanciones.
Sobre el papel, Morena puede afirmar que no existe censura previa. En la práctica, no es necesario prohibir directamente una noticia para silenciarla.
Basta con que una televisora o radiodifusora sepa que una investigación incómoda podría ser revisada por la autoridad; que una frase pueda considerarse contraria a los lineamientos; que una denuncia pueda generar un procedimiento; o que una cobertura crítica implique el riesgo de multas y problemas regulatorios.
Ese escenario genera autocensura.
Los medios empiezan a moderar sus contenidos, evitar ciertos temas, suavizar señalamientos o descartar investigaciones que puedan provocar represalias. La orden de callar ya no necesita llegar desde Palacio Nacional: el temor a las consecuencias hace el trabajo.
Un defensor vigilado por el mismo poder
La propuesta también fortalece la figura de los defensores de las audiencias, quienes deben recibir y analizar las quejas del público. En principio, esta figura podría contribuir a mejorar la responsabilidad de los medios.
El conflicto aparece cuando esos defensores quedan sujetos a requisitos, registros, informes y procedimientos supervisados por la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Entonces la supuesta independencia empieza a desdibujarse.
Un defensor que sabe que la autoridad revisará su actuación difícilmente podrá operar con plena autonomía. Existe el riesgo de que termine convertido en un intermediario entre el medio y el Gobierno, en lugar de ser un representante genuino de las audiencias.
Y cuando los concesionarios también pueden ser sancionados por incumplimientos relacionados con estos mecanismos, el mensaje es contundente: la libertad editorial estará condicionada al cumplimiento de un modelo diseñado por el poder.
Morena destruyó al árbitro autónomo
La preocupación es todavía mayor porque Morena desapareció al Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo constitucionalmente autónomo, y colocó la regulación del sector en una comisión adscrita al aparato gubernamental.
La diferencia no es menor.
Un órgano autónomo puede tener errores, burocracia o deficiencias, pero existe precisamente para impedir que el Gobierno sea juez y parte. Morena eliminó ese contrapeso y ahora pretende que una institución vinculada al Ejecutivo supervise los contenidos difundidos en radio y televisión.
El Gobierno quiere regular a quienes lo investigan, vigilar a quienes lo cuestionan y sancionar a quienes, bajo sus propios criterios, no respeten la “veracidad” o el “equilibrio” informativo.
No se necesita demasiada imaginación para entender el peligro.
La censura no siempre se presenta como censura
Los gobiernos autoritarios rara vez reconocen que buscan controlar la información. Siempre encuentran una justificación: combatir las noticias falsas, proteger a la población, evitar abusos, garantizar la verdad o defender derechos.
El discurso puede ser democrático. Las herramientas, no necesariamente.
Cuando una autoridad gubernamental puede establecer criterios editoriales, revisar contenidos, intervenir en las defensorías, iniciar procedimientos y sancionar a los medios, la libertad de expresión deja de depender exclusivamente de la ley y comienza a depender de la interpretación de funcionarios.
Eso es exactamente lo que una democracia debería evitar.
Proteger a las audiencias también es proteger la crítica
Las audiencias tienen derecho a recibir información plural, distinguir entre publicidad y noticias, exigir aclaraciones y contar con mecanismos para presentar inconformidades.
Pero también tienen derecho a escuchar voces incómodas, conocer investigaciones que contradigan al Gobierno y acceder a opiniones que desafíen la narrativa oficial.
Proteger a las audiencias no puede significar proteger a Morena de la crítica.
La verdadera defensa de los ciudadanos consiste en garantizar que ningún partido, presidenta, comisión o funcionario tenga la facultad de decidir qué información merece ser difundida y cuál debe ser castigada.
Porque cuando el Gobierno se convierte en árbitro de la verdad, la regulación deja de servir a la sociedad y empieza a servir al poder.