En Chihuahua, el exfiscal César Jáuregui enfrenta una acusación federal de traición a la patria por la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio. La pregunta política es inevitable: ¿se castiga la colaboración con extranjeros o se está enviando un mensaje sobre quién puede combatir al crimen organizado?
El caso se remonta a abril, cuando autoridades de Chihuahua realizaron un operativo en El Pinal, en la Sierra Tarahumara, para desmantelar un laboratorio clandestino. Dos agentes estadounidenses y dos funcionarios estatales murieron después en un accidente carretero. La participación de los extranjeros, identificados por la prensa como agentes de la CIA, quedó bajo escrutinio.
La FGR sostiene que los agentes participaron sin autorización federal en tareas que, según la Fiscalía, correspondían exclusivamente a las autoridades federales. También acusa a Jáuregui de permitir esa intervención y de no informar oportunamente a la Federación. El exfiscal, por ahora, enfrenta una acusación: será un juez quien determine si hay elementos para procesarlo y si cometió algún delito.
La controversia no elimina una pregunta incómoda: ¿por qué el debate público parece concentrarse tanto en la forma en que se llegó al laboratorio y tan poco en quién lo operaba, qué producían ahí y cómo pudo funcionar? Defender la soberanía exige investigar cualquier intervención extranjera irregular. También exige que la investigación no termine convirtiéndose en una advertencia para quienes participan en acciones contra organizaciones criminales.
La diferencia entre investigar una posible violación a la ley y usarla como arma política debe ser clara. Si hubo agentes extranjeros actuando sin autorización, corresponde esclarecerlo y fincar responsabilidades con pruebas. Pero si la respuesta del Estado se percibe más enérgica contra quienes participaron en un operativo que contra las redes que sostienen el narcotráfico, la sospecha de un doble rasero seguirá creciendo.
¿Traición a la patria o traición a la plaza? La respuesta no puede decidirse con consignas: debe aparecer en expedientes, pruebas y resultados contra el crimen. Hasta entonces, la acusación de traición no debe darse por probada, y la pregunta sobre a quién protege el poder seguirá abierta.