El próximo 31 de agosto, se cumplirá un año de que desapareció el Consejo de la Judicatura Federal y se creó el Órgano de Administración Judicial, el cual se convirtió en un órgano parcial. Por ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en México (JUFED) reiteró que la independencia judicial no es una consigna gremial, sino una garantía para que las personas tengan acceso a tribunales imparciales, técnicos y libres de presiones.
A través de un comunicado, la JUFED emitió un balance de resultados y de las consecuencias que ha tenido la independencia judicial y los derechos de quienes integran la carrera judicial para la impartición de justicia desde el 1 de septiembre de 2025 cuando inició el incumplimiento de las obligaciones previstas en el décimo artículo transitorio del Decreto de la Reforma constitucional.
Reconoció que, lejos de consolidar un sistema de impartición de justicia más robusto, este primer año estuvo marcado por incertidumbre institucional, incumplimientos de obligaciones legales y decisiones que han afectado derechos previamente reconocidos.
Obligación de cubrir el pago extraordinario y pensiones a personas juzgadoras
Uno de los pendientes más sensibles correspondió al incumplimiento del décimo artículo transitorio del Decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), que estableció la obligación de cubrir el pago extraordinario y pensiones complementarias correspondientes a las personas juzgadoras cuya separación del cargo derivó de la propia reforma.
A ello, se sumó la disminución en las remuneraciones de personas juzgadoras que permanecen en funciones, pese a que durante la discusión de la reforma se aseguró públicamente que los derechos del personal judicial serían respetados.
Este primer año también ha estado acompañado por procedimientos administrativos, investigaciones y otras acciones que han generado un ambiente de presión e incertidumbre entre integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como por el sobreseimiento de diversos juicios de amparo promovidos para cuestionar aspectos de la reforma.
SCJN ha quedado a deber en materia de protección efectiva de los derechos
Indicó que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha quedado a deber en materia de protección efectiva de los derechos y de la consolidación de su independencia, además evidencia la falta de conocimiento y exhibe la débil preparación que tienen la mayoría de sus integrantes, para ocupar un asiento en el Máximo Tribunal del país.
Por lo cual, el balance de sus decisiones en asuntos de relevancia coyuntural muestra una tendencia preocupante, ya que en numerosos casos, las determinaciones han favorecido a la autoridad o a las posiciones del oficialismo, lo que plantea preguntas serias sobre la independencia con la que deben actuar las y los ministros de la Corte.
A lo anterior, se suman errores y deficiencias recurrentes en el desarrollo de las labores jurisdiccionales, que no deben normalizarse ni asumirse como parte de la actividad cotidiana de una institución encargada de garantizar la protección de los derechos humanos, ya que la calidad del debate, la deliberación y las decisiones de la SCJN deben responder a los más altos estándares institucionales y jurídicos.
Por lo tanto, consideran que la evaluación de una reforma constitucional no puede limitarse a la renovación de órganos o de personas servidoras públicas. Debe medirse por su capacidad para fortalecer la independencia judicial, garantizar el acceso efectivo a la justicia y cumplir las obligaciones que el propio Estado asumió frente a quienes integraban el Poder Judicial.
A un año de su implementación, los hechos evidencian que esos objetivos permanecen pendientes
Por último, la JUFED reiteró que la exigencia del cumplimiento estricto a las obligaciones del décimo artículo transitorio y el respeto a los derechos de las personas juzgadoras va más allá de una reivindicación de grupo, es un imperativo para salvaguardar un pilar social.
«Exigimos con contundencia la restitución de una verdadera independencia judicial y el restablecimiento del Estado de derecho en México, lo cual sólo es posible con un sistema integrado por personas servidoras públicas altamente capacitadas, independientes y de excelencia técnica. Las y los mexicanos merecemos una impartición de justicia imparcial y de verdadera calidad; por ello, la defensa de la judicatura es, ante todo, la defensa de las libertades y derechos fundamentales de todas y todos los ciudadanos».