Hay una frase que la presidenta Claudia Sheinbaum ha perfeccionado con el uso: «presenten las pruebas». La repite cada vez que alguien señala vínculos entre funcionarios de su partido y el crimen organizado. Es un principio jurídico correcto, invocado de manera conveniente.
El problema es lo que dice cuando le toca acusar a ella.
Esta mañana, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum exhibió al empresario Ricardo Salinas Pliego por hacer un supuesto llamado «a la violencia» en el contexto de las protestas de la CNTE y la víspera del Mundial 2026. Mostró un video de una entrevista entre Salinas Pliego y la periodista Adela Micha en el que el empresario decía que las manifestaciones pacíficas «no sirven para nada» y que hay que ser «más rudo». Luego, al ser cuestionada directamente sobre si considera que el dueño de TV Azteca financia o dirige las movilizaciones, la presidenta respondió sin titubear: «No tengo pruebas, pero digo que los extremos se juntan, vamos a sumar uno más uno.» El UniversalProceso
Uno más uno. Sin expediente. Sin investigación abierta. Sin derecho de réplica institucional. Solo la aritmética presidencial desde el micrófono más poderoso del país.
Contrástese esa lógica con la que Sheinbaum aplicó en abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos indició al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ante una acusación formal de una fiscalía extranjera —con nombre, apellido y cargos específicos—, la presidenta llamó al gobernador, lo tranquilizó y declaró públicamente: «Si no hay nada, no hay nada que temer.» Agregó que en caso de que se presentaran pruebas de las supuestas relaciones entre el mandatario y el cártel, se tendría que iniciar un proceso de desafuero. Primero las pruebas. Después la acción. Proceso
La asimetría es tan nítida que duele verla escrita: para un gobernador de Morena acusado formalmente de narcotráfico por una fiscalía federal de otro país, el umbral es alto: pruebas, proceso, desafuero. Para un empresario crítico del gobierno, basta con una entrevista en video y la intuición presidencial de que «los extremos se juntan».
No es un asunto menor de congruencia política. Es una distinción con consecuencias legales y democráticas reales. Cuando un ciudadano lanza una acusación sin sustento, emite una opinión que puede ser refutada en el mismo plano. Cuando lo hace la titular del Poder Ejecutivo Federal —con acceso a los aparatos de inteligencia del Estado, con capacidad de orientar investigaciones y con una audiencia de millones—, el efecto es cualitativamente distinto. No es opinión: es señalamiento institucional. Y un señalamiento institucional sin pruebas, hecho desde la tribuna del gobierno, tiene nombre en el derecho: es uso faccioso del poder público.
La presidenta ha interpuesto la protección a miembros de Morena que el gobierno de Estados Unidos acusa de tener vínculos con grupos del crimen organizado, exigiendo pruebas en los casos del gobernador Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. En ese contexto, la disposición a acusar sin pruebas a un empresario disidente no es un desliz: es un patrón. Proceso
Vale la pena hacer la pregunta en voz alta, porque el gobierno no parece dispuesto a responderla: ¿cuál es el estándar probatorio que aplica esta administración? Porque si para proteger a los suyos se necesitan expedientes, testimonios y procesos judiciales, pero para atacar a sus críticos basta con sumar uno más uno, entonces no hay Estado de derecho. Hay administración selectiva de la sospecha.
Y administrar selectivamente la sospecha desde el poder no es gobernar. Es perseguir.