La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, salió este lunes en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al asegurar que se trata de un «preso político» y acusó al gobierno federal de desviar la atención sobre la red de corrupción detrás del huachicol fiscal y de las polémicas por los audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar.
La legisladora panista afirmó que resulta «ofender la inteligencia de los mexicanos» que la única persona encarcelada por este esquema sea un opositor que, aseguró, no ocupaba ningún cargo público cuando ocurrieron los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República. «Hay un entramado de autoridades municipales, estatales y federales que permiten que ingrese, se distribuya y se venda el huachicol fiscal sin pagar impuestos. Para que eso ocurra se requiere la colusión de autoridades, no de ciudadanos sin cargo», sostuvo.
La diputada argumentó que el contrabando de combustibles sólo puede operar con la participación o la omisión de funcionarios de distintos niveles de gobierno, quienes «se están haciendo multimillonarios» mientras el Estado deja de recaudar recursos destinados a escuelas, hospitales, seguridad y otros servicios públicos.
En ese contexto, aseguró que las investigaciones deberían concentrarse en quienes «firman, autorizan y permiten el huachicol», y no en el primer gobernador de oposición en la historia de México. «Hay grandes reclamos en nuestro país y no es metiendo a un preso político a la cárcel como se van a solucionar esos problemas», declaró. Y agregó que, «es una cortina de humo y una afrenta a la democracia, que Ernesto Ruffo esté preso es una afrenta a la historia de nuestro país», afirmó.
Como informó esta redacción, el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, acusó a la administración de Claudia Sheinbaum de emprender una «cacería de brujas» contra la oposición y exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, solicite licencia para facilitar las investigaciones sobre el presunto contrabando de combustibles.
Desde Palacio Nacional, sin embargo, Sheinbaum rechazó que exista una aplicación selectiva de la justicia y sostuvo que la detención del exmandatario responde exclusivamente a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, por lo que descartó cualquier motivación política en el caso.